¿A quién beneficia todo esto?

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−Pues yo quitaría las autonomías −interrumpió, abriéndose paso en la conversación con un manotazo en la mesa.
−Eso lo propone Vox −apuntaron desde el otro extremo.
−¿Y qué? ¿Si lo propone Vox ya está mal?
−Es que son fascistas… −murmuró alguien.
−¿Eliminar las autonomías es fascista? −sonó airado.
−¿Qué te hace pensar que un fascista, de repente, iba a tener una buena idea?
−Pues yo quitaría las autonomías −remató, devolviendo la espalda a la silla.

Este es un extracto de una conversación real. A pesar de que todavía existe quien cree que ensalzar a un dictador sólo es un breve despiste del juicio de una persona sana, lo cierto es que la conversación nos presenta una cuestión que está en la calle: el actual Estado de las Autonomías y cómo se relacionan (a tortazos) entre ellas.

Las autonomías agrupan a la población en conjuntos más o menos homogéneos y de mediano tamaño, gentes que comparten historia, tradiciones, hábitos, usos o lenguas comunes, algo por otra parte comprensiblemente útil a la hora de relacionarse. De forma similar operan las comarcas. Es preciso observar, no obstante, cómo conforme esta agrupación de personas se hace más grande y compleja también se vuelve más complicado cohesionarla, mientras que las agrupaciones de población de menor tamaño, como las autonomías, se mantienen incuestionables en sus límites. Ocurre siempre esto en cuanto más se parezca esa realidad administrativa a la realidad humana que representa. Son ejemplos de lo contrario los conflictos palestino y kurdo, o los desequilibrios en el norte de África tras la segregación arbitraria del terriorio iniciada en la Conferencia de Berlín de 1884.

En cualquier caso, al tratarse de “organismos vivos” (en tanto esas agrupaciones están compuestas por personas), están sujetas a cambio según varíe esa realidad humana. Y así ocurrió en 1833, cuando la reforma de Javier de Burgos estableció la división provincial que dura sin prácticamente cambios hasta la actualidad, culminando un camino iniciado 20 años atrás por las Cortes de Cádiz. Más adelante, se sucedieron nuevos intentos de regionalización (1847, 1873 no aplicada, 1884, 1891 no aplicada, 1931 y 1978). La realidad dice que cada 40 años la cosa se pone en cuestión.

El barómetro del CIS de octubre de 2017 pregunta al encuestado con qué fórmula de organización territorial del Estado está de acuerdo. Un 17,5% rechaza la existencia de autonomías, mientras que un 73,5% lo afirma de una u otra manera. Por otra parte, la tercera oleada de la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió catalán, del mismo mes de octubre, señala que un 53,9% está de acuerdo con su demarcación dentro de España, mientras que un 40,2% se independizaría manteniendo esos mismos límites físicos. Tomándonos como siempre las encuestas de una forma bastante relativa, los resultados indican que una amplia mayoría contempla conservar las circunscripciones actuales. Así que por ahora parece algo razonable mantener las comunidades autónomas como forma de agrupación de población.

Luego está cuál debe ser su naturaleza jurídica o la forma en la que se relacionen entre ellas, y el debate es interesante. Pero sea cual fuere la naturaleza o la forma, lo cierto es que es un sistema que data de hace 40 años tiempo suficiente para dar paso a toda una generación formada de otra manera y que piensa diferente a la anterior, con lo que no debería sonar demasiado extraño someterlo a revisión de tanto en cuanto. Además, la historia parece decirnos que cada 40 años toca revisión, por algo será.

Por otra parte, el mismo barómetro indica que casi el 30% de las personas citan “la independencia de Cataluña” como principal problema que existe en España, por delante de la corrupción y el fraude (28,3%), la clase política (27,5%) y los problemas económicos (21,9%). ¿No es un porcentaje notable de interés por parte de la población? Y más aún, ¿no es un debate urgente, visto lo visto? Debatámoslo, ganas no parecen faltar, y medios sobran. Y en ese debate nacional cabrán todas las posturas, incluida la de Vox.

Pero este país parece endiabladamente incapaz de abrir un diálogo nacional más allá de los bares, que como todos sabemos es donde se concentra toda la sabiduría patria. En cualquier conflicto donde no medien argumentos y ganas, la única salida sólo puede ser la que imponga el más fuerte. Y la imposición siempre vence, pero rara vez convence. Es lógico adivinar que un país construido desde la imposición del más fuerte sobre el más débil está destinado al enfrentamiento perpetuo, esa circunstancia no nos es ajena en España. Podría parecer entonces que aquí perdemos todos. Pero no.

El barómetro de Celeste-Tel para eldiario.es, también de octubre de 2017, señala el ascenso del bloque formado por PP y Ciudadanos (de 46,5% a 47,8%) en perjuicio del bloque formado por PSOE y Unidos Podemos (de 44,1% a 41,7%). En paralelo, la encuesta del CEO catalán refleja el ascenso del antiguo bloque de Junts pel Sí, formado por PDeCat y ERC (de 28,4% a 35,2%), la estabilización del bloque formado por PP y Ciutadans (de 9% a 8,8%) y el descenso del bloque formado por PSC y CSQP (de 22,7% a 20%). Todo ello respecto a los barómetros anteriores, enmarcado en el conflicto del 1-0 y previo al encarcelamiento del Govern del 2 de noviembre. Es decir, que quienes más ganan con el conflicto son los propios instigadores del conflicto.

Si nos referimos a los barómetros de hace un año, se observa cómo en el conjunto de España el bloque formado por PP y Ciudadanos gozaba de un 48,6% de apoyo, mientras que el formado por PSOE y Unidos Podemos aglutinaba a un 41,5%. En cuanto a Cataluña, el CEO reflejaba que Convergència contaría con el 6,7% de los votos, ERC con un 20,1% (un 26,8% en conjunto), el PSC con el 10,5% y ECP con un 19,5% (un 30%). Es decir, la derecha española estaba en declive y resurgió, el frente catalán acentúa su ascenso, y la izquierda insiste en su caída.

Además, resulta que ambos instigadores, ambos gobiernos de ambas partes, son los más obedientes con las órdenes de la troika europea, que son las que nos empobrecen. En el conjunto de España, durante los años más duros de la crisis primero el Partido Socialista y sobre todo el Partido Popular recortaron un 42% la inversión per cápita en Educación, un 18% en Salud, y un 47% en Servicios Sociales, mientras elevaron la deuda pública del 40% al 100% del PIB. Por su parte, el Govern catalán (primero el PSC y sobre todo CiU) lideró los recortes a nivel estatal con reducciones del 17% en Educación, 13% en Salud y otro 13% en Protección Social, de manera bochornosamente paralela y en obediencia al gobierno del Estado. Por si fuese poco, ocurre también que ambos instigadores son quienes cuentan con el mayor número de casos de corrupción instruidos en su nombre, el mayor número de personas investigadas y el mayor coste para el erario público. Todo ello con el (in)estimable permiso del PSOE, el compañero muerto de todo esto.

De manera que, a modo de resumen, tenemos a un par de toros bravos moliéndose a cabezazos, lo cual: (1) preocupa al país, (2) distrae mucho y evita que se hable de recortes o de corrupción, (3) les beneficia electoralmente a ambos, y (4) les perpetúa en el poder. Y a su lado, una pretendida izquierda coreando sus embestidas y una extrema derecha pidiendo la amputación como un cirujano con una motosierra. Mientras tanto, el circo deja tras de sí a una población dividida y empobrecida, y un sistema ferozmente extractivo que ni siquiera se resfría con el ajetreo de las jaulas. Pasen y vean.

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